Nuestra administración necesita una reforma

Nuestra administración necesita una reforma

Hay que  iniciar un debate sobre la reforma que necesita nuestra administración.  Es necesaria una ley de administración y procedimiento que imponga bases en el sentido técnico del término, aplicables a todas las administraciones territori­ales e instrumentales, permitiendo la unificación del procedimiento en tres únicos trámites y no simplemente fases-marco: inicio, instrucción con audiencia y resolución.

La nueva gestión pública debe introducir unos cambios que según la OCDE, se podrían sintetizar en la mejora los recursos humanos, impulsar la participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones, relajar los controles sobre el funcionamiento, pero estableciendo objetivos para guiarlo. Usar tecnología de la información, servir a los clientes, considerar que los usuarios deben pagar por los servicios recibidos, privatizar, desregular monopolios. En resumen centrarse en el output de la actividad pública. La experiencia internacional de países de nuestro entorno, como Reino Unido y Estados Unidos, demuestra que este proceso de modernización de la gestión pública tiene un protagonista: el directivo público. Los directivos públicos ocupan una posición de interlocución entre el poder político y los puestos técnicos y su calendario, estos deben ser el motor de esta modernización, son ellos los que de manera natural pueden contribuir a ese liderazgo en la organización para marcar el rumbo y las coordenadas, precisamente por ocupar una posición intermedia entre el poder político y los puestos técnicos de la Administración.

En una democracia gobiernan los representantes del pueblo. Pero la capacidad de los representantes electos para cumplir su misión depende en buena medida de la colaboración de unas administraciones públicas profesionales y eficaces. Por eso no cabe la “reconstitución” de nuestro sistema político sin una mejora en este campo. Los funcionarios garantizan con su trabajo que la acción política se realiza dentro de los cauces de la legalidad y del servicio al interés general, por encima de alternancias partidistas. La objetividad con la que una buena administración sirve a esos intereses generales garantiza que nadie quede descartado del ejercicio de sus derechos

Servir a los ciudadanos y constituirse en medio para el correcto funcionamiento de la sociedad. Deben hacerlo, con sometimiento a la ley y objetividad; con la imparcialidad del servidor público que atiende una ventanilla, emite un informe, gestiona una oficina o impone una sanción. Además de someterse al Derecho, los administradores públicos deben ser eficaces y, a ser posible, rápidos. Con frecuencia, las actuaciones de los administradores públicos deben dirigirse a satisfacer la petición o interés de un particular. Los intereses generales consisten, precisamente, en dar una buena solución a esos casos: la eficacia es parte de la justicia administrativa y no su alternativa .

 

banner pie blog

 

Imagen de Pixabay

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>