Nuestra sociedad y la reinserción de los presos

Nuestra sociedad y la reinserción de los presos

Atendiendo a la definición lógica de toda prisión, podemos decir que estamos ante una institución cuyo objetivo último plantea la reinserción del delincuente en sociedad. No existe otra razón para que este abandone la cárcel tarde o temprano y no reste toda su vida en ella. La pregunta es, entonces, de obligada formulación. ¿En qué medida se lleva a cabo este objetivo?

Un ensayo de estas características no busca lanzar la culpabilidad sobre nadie, más allá de la que ya poseen los propios presos. Se trata de escudriñar en qué sentido la mejora de las instituciones penitenciarias para el cumplimiento de dicho objetivo es necesaria o, en qué medida las cárceles no son capaces de controlar a nivel total algo tan personal como la propia evolución positiva de la persona.

El artículo 25.2 de la Constitución Española deja claro los dos principios imprescindibles para el personal de instituciones penitenciarias: reeducar y re-socializar. Sin embargo, es evidente que las distintas dificultades con las que se haya el ex recluso a su salida hacen complicada la ejecución de estos dos principios. Hablamos de problemas tan básicos como la falta de cualificación y experiencia profesional, la desestructuración familiar, la marginalidad y, por supuesto, el mismo hecho de haber sido recluso. Por ello, uno de los pilares fundamentales y en los que más debe priorizar la institución es en el desarrollo dentro del mundo laboral. Una reinserción en el mercado que contribuirá en gran medida a la también reinserción en el resto de ámbitos sociales.

Existen diferentes programas llevados a cabo desde el Estado así como por diferentes organizaciones de voluntariado que se centran en conseguir un profundo cambio de actitud en la persona, algo que le conduzca a la constancia y a la perdurabilidad de su nuevo carácter, el cual ha de basarse en el arrepentimiento y la conciencia. De la mano de este tipo de ayuda más psicológica, las cárceles ofertan distintos tipos de actividades formativas y profesionales con una doble función: la propia ocupación del tiempo de la persona en algo productivo y la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que puedan servirle a su salida.

Asimismo, es imprescindible que la ayuda continúe una vez finalizada la pena, como por ejemplo en algo aparentemente tan simple como la consecución y asistencia a una entrevista, de forma que aquellos educadores que han conocido profundamente a la persona, puedan hablarle al empleador de sus notables mejoras.

No puede negarse el trabajo que en general realizan las cárceles en torno a las expectativas y planes desarrollados anteriormente. No obstante, en muchas ocasiones este esfuerzo no es suficiente y la exclusión acompaña al ex recluso durante su vida fuera de rejas. Ello se debe en muy buena medida a un fenómeno que numerosos estudiosos como Celmmer o Goffman han estudiado incansablemente: el proceso de prisionización.

Este proceso acoge el conjunto de efectos que la cárcel produce sobre sus huéspedes. Es decir, los nuevos usos, costumbres y normas que se asimilan e interiorizan dentro de ella y de los que es muy complicado deshacerse posteriormente. En él intervienen determinadas variables como las circunstancias personales, es decir, la relación con los familiares; la programación de actividades y trabajos que la institución dedique a la rehabilitación, pues si esta se basa exclusivamente en la privación de libertad la prisionización será muy elevada; y por supuesto, el perfil del preso en función de su recorrido vital y del tipo de delito.

Pero, desafortunadamente, el proceso de prisionización comienza a afectar en buen grado dentro de la propia prisión. En la necesidad por amoldarse al nuevo rol, el preso es susceptible de ver cómo su personalidad deriva en estados de ansiedad que acabarán por generar dos tipos de comportamiento. O bien un aumento progresivo de la agresividad (alimentado por su odio a la institución y a todo lo que pueda aportarle), o bien, un estado exagerado de sumisión (dado el miedo que el funcionariado o el resto de presos infringe sobre él).

Replanteémonos ahora la situación a ras de suelo. Si bien nuestro ordenamiento jurídico no contempla la cadena perpetua, lo cierto es que existen cientos de personas condenadas, no por delitos de sangre, que llegan a cumplir penas de 30 años. Muchos de estos comienzan por robo o narcotráfico y se agravan por el mal comportamiento de los reclusos en la prisión. Es importante apuntar esto ya que, naturalmente, como sociedad no podemos contemplar a todos los presos por igual. Nuestra concepción varía abismalmente en función del tipo de delito. Violación, asesinato o pederastia son los delitos que más hieren nuestra sensibilidad y generan nuestra ira.

En el año 2012 los medios se hicieron eco de la historia de Miguel Montes, encerrado en prisión durante 30 años y quien por fin salía a la calle tras cumplir íntegramente su pena. Miguel Montes, con dos hijas menores de edad, aumentó considerablemente sus años de prisión debido a varias fugas, a pesar de no contar con delitos como los anteriormente mencionados en su historial. El problema al que asistía entonces Montes entre el éxtasis de la libertad, era el de la pregunta que tantos otros también se plantean: ¿Y ahora qué?

Desde Instituciones Penitenciarias aseguraron entonces que ellos ya habían acabado con su parte. Una postura aparentemente entendible si no tenemos en cuenta que con 30 años en prisión, Montes no tenía cotización, y por lo tanto ni derecho a paro ni a jubilación, inmerso además en el mundo de nuevas tecnologías totalmente extrañas para él, como quien de buenas a primeras viaja al futuro.

La salida de Miguel Montes dio pie a que numerosos medios de comunicación quisieran entrevistar a Ramón d’Alós, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de diversos estudios sobre reinserción. Si recuperamos algunas de sus frases más destacadas, podremos entender a la perfección el mucho camino que aún queda por recorrer en la ayuda a la reinserción.

“Hay una falta de coordinación entre los sistemas que intervienen: el judicial, el penitenciario y los servicios sociales”, se queja D’Alós. “Una persona puede recurrir siempre a los servicios sociales una vez está en la calle, pero se echa en falta un seguimiento coordinado, una ayuda específica para el exreo”. En cuanto a la formación en prisión de la que hablábamos al comienzo, D’Alós es muy crítico: “Sirve muy poco para encontrar trabajo después porque se da en condiciones de masificación, porque el preso no puede tener continuidad si le trasladan, porque algunas veces los materiales son poco adecuados o los cursos muy cortos y, en muchos casos, poco profesionalizadores”.

Ello vuelve a apuntar sobre la necesidad de reforzar los programas de reinserción dentro de Instituciones Penitenciarias, aunque ello, por supuesto, implique una inversión económica, destinada a dar sentido a nuestra definición de prisión. “Hay presión social para que se opte por el castigo, no por la reeducación y la reinserción”, apunta Ramón D’Alós.

 

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